Vivir entre máquinas y escombros
El trabajo de las excavadoras no para en los cuarteles de
Sant Andreu aunque no hay aún sentencia sobre el desalojo
Cada vez hay menos paredes en pie, pero un centenar de personas
aún malviven en los antiguos cuarteles de Sant Andreu. Las máquinas
excavadoras son las reinas del paisaje. Aquí y allá, montañas
de escombros anuncian, con más claridad que carteles de neón,
que la situación excepcional en los cuarteles llega a su fin.
Apenas han transcurrido unas semanas desde que se celebró la
vista por la demanda de desahucio presentada por el Ministerio
de Defensa contra los ocupantes de los cuarteles. Entonces,
más de 500 personas de 20 nacionalidades distintas convivían
en las instalaciones. Ahora, el grupo de resistentes no supera
las 150 personas.
En
este tiempo, la detención de cerca de un centenar de inmigrantes
en las diferentes redadas y controles policiales ha provocado
la expulsión de unos 80 ocupantes de los cuarteles, según explicaba
ayer Enrique Mosquera, de Papeles para todos.
Otros
200 habitantes de los cuarteles de Sant Andreu han ido abandonando
paulatinamente las instalaciones tras acogerse a la oferta de
realojo en pisos de alquiler de la Cruz Roja, o bien tras desplazarse
a otras zonas para trabajar en la recolección de la fruta. Otros
de los inmigrantes que se han marchado lo han hecho, simplemente,
por el miedo a ser detenidos.
Así
lo sostienen los representantes de algunos colectivos de los
cuarteles, y también organizaciones como Papeles para todos.Y
el caso es que la vida allí es aún más difícil. Ya tienen duchas,
instaladas por la organización Metges pel Món gracias a la donación
de un benefactor económico.
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Pero
el miedo a los controles policiales les hace ser precavidos,
y permanecer más tiempo del deseado en las dependencias donde
duermen y hacen vida. Quieren pasar desapercibidos: apenas hay
corrillos de gente en la explanada central, donde tantas veces
habían jugado al fútbol partidos con equipos que se formaban
por nacionalidades. Ni tampoco suena la música como antes.
La
polémica del realojamiento también está muy viva. Los inmigrantes
denuncian que las ofertas no se hacen a todos por igual, y que,
por ejemplo, los subsaharianos han sido consultados sobre un
posible alojamiento en Girona, y en cambio, los marroquíes no
saben nada.
Mahha,
el portavoz de los inmigrantes marroquíes, por su parte, lamentaba
ayer que son especialmente perseguidos por la policía.Su expulsión
al país de origen es más «barata» y sencilla que la que supondría
la extradición de un ciudadano ghanés o de algún país del Este.
En
el centro de internamiento de la Verneda, según señalaba ayer
el portavoz de Papeles para todos, casi un 70 por ciento de
los reclusos procede de los cuarteles de Sant Andreu. Entre
ellos, Yerko Toro, el ciudadano chileno que se erigió en representante
de los inmigrantes y que lleva desde el 9 de agosto privado
de libertad. Aunque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
resolvió suspender cautelarmente la orden de expulsión acordada
por el juzgado de instrucción número 30, el juez no ha modificado
su situación. Y la sentencia sobre el desalojo, no llega.
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