Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió cautelarmente la expulsión de España de Yerko Toro, portavoz de los habitantes de los cuarteles de Sant Andreu, el juez instructor ha decidido prolongar su detención.

Arlette Pallés, abogada de Toro, explica que el juez instructor no reconoce la suspensión porque argumenta "que no tiene la seguridad de que ésta no vaya a ser levantada por alguna razón". Lo que teme Pallés es que el juez mantenga encerrado a Toro hasta el 19 de septiembre, fecha en la que se cumplirán 40 días de la detención, el tiempo máximo establecido por la ley para las personas que están esperando que se haga efectiva la orden de expulsión.

Enrique Mosquera, portavoz de Papeles para Todos, afirma que no hay duda de que la detención del portavoz pretende "sacarse de en medio a un líder de los inmigrantes y debilitar así la resistencia al desalojo de los residentes de los cuarteles".

De momento, y hasta ver cómo se resuelve la situación de Toro, los edificios de Defensa presentan un aspecto desértico y extrañamente silencioso. Si en julio se cifraba en más de 500 el número de moradores de estas inmensas instalaciones, ayer los propios protagonistas hablaban de un máximo de 150, todos pendientes de los vaivenes de los coches policiales.

Mosquera sostiene que un centenar de inmigrantes han sido detenidos y expulsados del país en el último mes y otros muchos han optado por abandonar el recinto para evitar toparse con los agentes o para trabajar en la recogida de fruta. Cruz Roja, por su parte, ha realojado a más de un centenar de estos inmigrantes.

Mahha Oulquiad,portavoz de los marroquíes, denunció ayer que la mayor parte de los detenidos son marroquíes o argelinos. Tiene claro que las administraciones no pretender realojarlos en otros espacios, sino echarlos del país. Pero la expulsión "no soluciona nada, porque el problema de los cuarteles resurgirá en otro lugar", concluyó Oulquiad.