Ante el fallecimiento en la mañana de hoy de un ciudadano argelino en los cuarteles abandonados de Sant Andreu, las organizaciones y personas que venimos defendiendo la necesidad de un realojo para todos y todas los allí residentes, queremos expresar nuestra opinión.

En primer lugar, nos manifestamos profundamente doloridos por la muerte de esta persona., un inmigrante que abandonó su pais de origen en busca de un trabajo y una vida digna y, lejos de encontrar en estas tierras un futuro mejor, halló la marginación, la miseria, la indocumentación y finalmente la muerte.

El fallecimiento de esta persona en el cuartel situado en el lado mar del paseo Torras i Bages —en un edificio semiderruido en medio de escombros y en un lugar desde hace tiempo no habitado de forma estable— sugiere que se trate de personas de paso que buscan ultimamente refugio en los cuarteles por carecer de cualquier otra vivienda.

Más allá de lo dicho y de las circunstancias concretas de este fallecimiento, que habrán de esclarecerse, consideramos que el responsable último de esta muerte es quien ha permitido que la situación en los cuarteles se deteriore hasta el extremo. Son las Administraciones las que, al derribar viviendas habitadas, han provocado el hacinamiento de los habitantes y el incremento de la incertidumbre y la inseguridad entre los mismos. Son las administraciones quienes han derribado las duchas, taponado las bocas de agua y cortado los precarios suministros de luz. Son también las administraciones las responsables de la extrema lentitud e ineficacia del plan de realojo al negarse hasta el momento a ofrecer una salida de conjunto a los habitantes de los cuarteles.

Durante más de 2 años, y con una población superior a las quinientas personas, no han ocurrido en los cuarteles incidentes de este calibre. Una población proveniente de más de 30 naciones distintas ha sido capaz de convivir y de luchar conjuntamente en defensa de sus derechos.

Hoy aún continuan residiendo en los cuarteles cerca de cien personas: magrebies, ciudadanos del Este, sudamericanos, subsaharianos. Viven en las más miseras condiciones y en permanente sobresalto por la presencia policial que, pese a ser continua y agobiante, no ha evitado el último fallecimiento. Los inmigrantes viven practicamente con la maleta hecha esperando el asalto policial definitivo; y viven en la absoluta desesperanza porque saben que las Administraciones han decidido ya no ofrecerles ningún realojo.

Mucho nos tememos que estos incidentes que comentamos sean un nuevo pretexto para precipitar el desalojo de los cuarteles. Lejos de ello, deberían ser un elemento de reflexión para toda la sociedad sobre la actuación del Ayuntamiento, la Generalitat y la Delegación de Gobierno, que han dejado abandonados los cuarteles y sus habitantes a su suerte durante años y cuando han decidido intervenir no ha sido para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados sino para arrojarles a la calle. Los habitantes de los cuarteles merecen lo mismo que cualquier persona un trato digno, un realojo y el respeto a sus derechos humanos.

Casernes de Sant Andreu 12 de enero del 2004