El triunfo del PSOE en las elecciones del pasado 14 de marzo ha vuelto a exaltar en Salamanca los ánimos de unas autoridades salmantinas que creen amenazada la Unidad del Archivo de la Guerra Civil. Tras la toma de posesión de Zapatero se puede volver a una situación parecida a la que se produjo en 1995 cuando la ministra Carmen Alborch inició un proceso de negociación con la Generalitat de Cataluña en orden a iniciar un proceso de devolución de algunos documentos.

En estos momentos en Salamanca estamos viviendo un clima de enfrentamiento con Cataluña. En la prensa salmantina pueden leerse titulares como los siguientes: "Maragall abre el fuego", "Maragall desenfunda", etc. Por su parte los políticos locales declaran enfáticamente una y otra vez que "defenderán la unidad del Archivo con todos los medios a su alcance". A juzgar por el clima de crispación existente se diría que la ciudad se dispone a organizar su defensa como si fuera Móstoles en vísperas del 2 de mayo de 1808.

En estas circunstancias, y dada mi condición de historiador, me he sentido en la obligación de recordar que el emplazamiento del Archivo en Salamanca fue puramente circunstancial. Se debió a que nació en 1937 en el seno del Cuartel General de Franco y en aquel entonces este personaje de infausta memoria residía en la capital charra, ciudad desde la que podía dirigir la Guerra Civil con la seguridad de que si era derrotado podría alcanzar la frontera portuguesa para beneficiarse del asilo dictatorial de Oliveira Salazar.

Este Archivo nació para reprimir el republicanismo, para castigar cruelmente a personas cuyo único delito era haber defendido el sistema de libertades políticas instaurado por la II República. Tras la conquista de Bilbao, en junio de 1937, las tropas franquistas incautaron documentación de instituciones como el Gobierno Vasco, la Generalitat, o los Ayuntamientos; así como de partidos, sindicatos y particulares. La información obtenida era utilizarla en juicios sin garantías contra procesados inocentes. Como consecuencia de estos procesos fueron fusilados muchos miles de personas.

Desgraciadamente, después de 65 años de terminada la Guerra Civil y cuando han transcurrido casi tres décadas desde la muerte de Franco, todavía no se ha podido condenar en las Cortes Españolas la sublevación de los militares fascistas en 1936, porque la mayoría del PP en la legislatura anterior se opuso. Pocas víctimas de la dictadura han sido indemnizadas por los daños que sufrieron. Las escasas ayudas económicas han llegado muy tarde y se han administrado cicateramente. Aquí mismo, en Salamanca, todavía existen cadáveres insepultos de fusilados que no han merecido todavía la atención de ninguna autoridad pública que se ocupe de enterrarlos adecuadamente.

En el caso de las personas, organizaciones e instituciones a las que se les incautó la documentación no se les ha reconocido derecho alguno y todo continúa como si los vencedores poseyeran "derechos de conquista". En este archivo hay documentos procedentes de 17 provincias y ninguno de ellos tiene relación con Salamanca, porque lamentablemente en esta ciudad se levantó el ejército el día 19 de julio de 1936 y desde ese mismo día comenzaron las detenciones y fusilamientos. Todo se hizo tan aceleradamente en aquellos primeros meses de la Guerra Civil que las desgraciadas víctimas no tuvieron ocasión de presentar sus descargos, ni siquiera en juicios de parodia. Directamente se les fusiló, por tanto no hubo papeles y tampoco hizo falta archivo.

En el año 1995, el entonces muy anciano Gonzalo Torrente Ballester, en una desafortunadísima intervención que hizo desde el balcón del Ayuntamiento exigió al gobierno de Felipe González que no devolviera los documentos porque eran "derechos de conquista". Ahora ya no se oyen cosas similares, pero los políticos locales insisten mucho en la "unidad del archivo". Como ciudadano me preocupa que no se haga justicia a quienes fueron incautados de sus documentos injustamente y como historiador quiero que se conserve toda la información necesaria para conocer nuestro pasado; pero sinceramente en estos tiempos de tan perfeccionados adelantos tecnológicos es totalmente compatible la restitución del patrimonio documental a sus legítimos dueños con la salvaguarda de la unidad archivística. Basta con digitalizar los documentos, después de catalogarlos convenientemente.

Por otra parte, contrasta el esfuerzo realizado por los políticos salmantinos en defensa del Archivo de la Guerra Civil con lo poco que hacen para mantener en condiciones idóneas el Archivo Municipal, sobre cuya gestión tienen ellos una responsabilidad directa. El mencionado archivo carece de instalaciones propias y en estos momentos sus fondos están dispersos por varios locales, alguno de ellos es un sótano en el que la investigación histórica resulta muy difícil o imposible.

Dicho de otra manera, quien firma estas líneas considera que el problema del Archivo de la Guerra Civil es fundamentalmente un problema político que espera un encauzamiento adecuado con la acción del nuevo gobierno y de las todas las partes implicadas en el asunto. Resuelto el problema político, no faltarán historiadores y archiveros, capaces de solucionar los problemas técnicos.

En cuanto a los políticos que desarrollan su actividad en una provincia con una de las tasas de envejecimiento poblacional más altas de Europa y con una de las rentas "per cápita" más bajas del Estado español estamos seguros que no les va a faltar materia en la que ocuparse aunque se solucione el problema del Archivo de la Guerra Civil.